La justicia tributaria es una deuda pendiente del Gobierno a los paraguayos

Texto: Laura Cabrera – Guadalupe Acosta

Foto: Gentileza

Hace una semana, el principal tema de conversación en el ámbito de la economía paraguaya giraba en torno a una propuesta del nuevo Gobierno para poder debatir la posibilidad de realizar una campaña de reconciliación tributaria. La nueva administración proponía entonces que era necesario llevar a cabo reformas en el sistema tributario para resolver algunas  de las problemáticas macroeconómicas que más afectan a nuestro país. Por ejemplo: la creciente deuda pública, la baja recaudación, que a su vez deriva en servicios e infraestructura pública de baja calidad, y por último (pero no menos importante) las necesidades cada vez más grandes de una población, como la paraguaya, que continúa creciendo.

La cuestión que en este caso nos interpela es que, en los debates para llegar a esa anhelada justicia tributaria con la que todos soñamos, muchos de los sectores que más movilizan el mercado no están incluidos. Es bien sabido que, en el país, el área de comercialización de bienes y servicios (micro, pequeñas y medianas empresas) es la que más oferta laboral genera y, a su vez, la que menos se beneficia de un sistema fiscal como el nuestro.

Son los mismos actores de siempre quienes discuten y definen el futuro de la economía de Paraguay. En este encuentro, participaron integrantes del Colegio de Contadores del Paraguay, representantes de la Unión Industrial Paraguaya y, por supuesto, empresarios de gigantescas corporaciones que, a su vez, forman parte o están vinculados a ese círculo de latifundistas poderosos.  La medida propuesta por el Gobierno se resume fácilmente en 2 cuestiones (las más generales y de mayor polémica): la creación de tasas progresivas para el IRP (Impuesto a la Renta Personal) y la generalización del impuesto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) de un 10% para todos los productos.

Los argumentos a favor y en contra giraron en torno a las mismas declaraciones de siempre: debemos resolver la cuestión del contrabando, formalizar a los sectores de la economía subterránea y resolver la cuestión de la evasión fiscal.  Pero, nos hacemos la pregunta, ¿es realmente eso lo único que necesitamos?

Como estudiantes universitarias, creemos es nuestro deber cuestionar todo y a todos. En materia de la economía, el panorama general del país no ha cambiado mucho del modelo que se ha establecido hace más de tres décadas: la persecución por evasión fiscal, pocas veces se da en los sectores poderosos y, más bien, recae siempre en aquellos más débiles. Herramientas como la retención  fiscal no han mostrado ser beneficiosas para la sociedad en general; la falta de tasas progresivas provoca que sea un sector minoritario (y a su vez, de menores ingresos propios) quien tenga que sostener el Presupuesto General de La Nación y, a su vez, benefician a las mega industrias y grandes empresas para quienes pagar un IRACIS (Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios) del 10% con ingresos que superan cifras de 9 ceros no implica mucho.

Creemos que hoy, más que nunca, es necesario tratar esta problemática que, a la larga, nos afecta a todos; porque, a pesar de jactarnos de tener un crecimiento óptimo en cuanto al PIB y una baja tasa de inflación, ese bienestar o equilibrio económico no se ve reflejado en una sociedad donde, aproximadamente, 1.950.000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza en sí misma. La pobreza estructural no parte de una cuestión individualista sino que es una fuerte falla como comunidad que tenemos al no poder brindar a las personas servicios básicos de educación, trabajo y salud para que puedan llevar una vida digna. La justicia fiscal entra a jugar un papel clave en la resolución de los problemas socioeconómicos, ya que solamente lográndola podemos comenzar a implementar planes de corto, mediano y largo plazo que nos permitan revertir esta situación y, en definitiva, lograr mayor equidad para todos los paraguayos.

Debemos plantearnos la posibilidad de que cada impuesto sea primeramente estudiado en relación con el beneficio económico de la población (aquí la propuesta de igualar el IVA de todos los productos al 10% resulta poco práctica, pues en Paraguay sectores como el farmacéutico tienen un IVA del 5%, lo que implicaría que, de alterarse, subiría el precio de los medicamentos) y, a su vez, que los restantes impuestos (IRACIS, IRAGRO, IRP, ISC, etc) sí vayan desarrollando tasas progresivas, que sean abonadas según la capacidad propia de la persona o empresa.

La idea de que el crecimiento económico por sí solo traerá la correcta distribución de recursos entre los habitantes del país (teoría del derrame) debe ser descartada y nuestros gobernantes deben empezar a trabajar en una deuda histórica pendiente: crear un sistema impositivo que sea justo y beneficioso para todos y todas.

 

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